lunes, 26 de febrero de 2018

El Gobierno sube el control sobre los planes sociales y quiere que los beneficiarios estudien

Hasta ahora, quienes cobran los $4.430 pueden realizar talleres o trabajar en cooperativas. Un nuevo plan fijará que obligatoriamente deberán completar la primaria y secundaria.
 
 
Movimientos sociales
Tras dos años de evaluación, el Gobierno prepara un cambio radical en la política de planes sociales.
 
Con la promesa de que “nadie que cobre un plan va a dejar de cobrarlo”, el objetivo es que los miles de millones de pesos que cada año el Estado destina a auxiliar a los sectores más vulnerables continúen contemplando una contraprestación por parte de cada beneficiario, pero que ahora se enfoque fundamentalmente en educación y capacitación.
 
Desde lo político y lo económico, la medida representará un duro golpe a las organizaciones sociales. Implica una quita en los fondos que anualmente reciben del Estado y también en la influencia territorial, ya que el plan dejará atrás el viejo sistema de control de planes por planillas.
 
En términos técnicos, el plan del Gobierno contemplará la eliminación de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen y la creación de uno nuevo, “Hacemos Futuro”, que involucre a los beneficiarios nucleados en ambos. Pero va más allá.
 
Es que el programa tiene dos ejes programáticos. El primero comprende la “Educación Formal Obligatoria”, por lo que los titulares de los planes deberán finalizar sus estudios primarios y secundarios.
 
“A los fines de permanecer en el programa, los beneficiarios deberán acreditar que se han inscripto y se encuentran cursando la educación formal obligatoria”, establece uno de los lineamientos del plan. "Cambiamos el paradigma: de unidades productivas que hacen sillas y mesas (entre otras cosas), pasamos a uno focalizado en brindar autonomía a la persona", dijeron en el Gobierno.
 
Luego, los beneficiarios podrán profundizar su “Formación Integral” y especializarse. El programa contempla cursos de formación formal, superior y/o profesional; y talleres formativos, brindados por organismos, incluso no gubernamentales.
 
“La idea es empoderar a las personas, garantizando en principio que concluyan sus estudios; y, luego, que se capaciten a través de cursos y prácticas para tener más chances de insertarse en el mercado laboral”, explicó una alta fuente al tanto del plan.
 
Así, la gente podrá optar por cursos de formación en institutos primarios, secundarios y terciarios habilitados por el Ministerio de Educación. "Se va a invertir la carga de la prueba: en vez de que dependan de un puntero o de un jefe político que valide su asistencia en una planilla, podrán elegir de una larga lista de lugar dónde ir a formarse", se entusiasmaron en el Gobierno.
 
De todos modos, también se convalidarán los proyectos de centros que realicen prácticas, pero con alto impacto público, como obras de infraestructura.
 
Stanley acordó con Quintana que los fondos que se ahorrarán con este cambio -este año superarán los $1.500 millones- serán destinados a obras de infraestructura para mejorar barrios vulnerables. Ahí sí podrían entrar las organizaciones: a los líderes piqueteros, que pasarán hoy por Desarrollo tras largas semanas de distanciamiento, les ofrecerán ponerse al frente de esas tareas.
 
Fuente: clarín.com   Por: Ignacio Ortelli

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