El gobierno nacional publicará mañana un decreto que dispone
la creación del "certificado de vivienda familiar", un instrumento
que entregará la ANSES a los habitantes de 4.100 villas de todo el país y que
les permitirá acceder a mejores servicios.
El número no es arbitrario. Es producto de un relevamiento
que realizó el Estado en todo el país junto a organizaciones como Techo,
Cáritas, y movimientos sociales como Barrios de Pie, Corriente Clasista y
Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que
también figurará en el decreto bajo la denominación de Registro Nacional de
Barrios Populares.
"Las familias necesitan un certificado para diferentes
cosas, para trámites sociales, en los ministerios, para los domicilios, para la
regularización de los servicios. Esto tiene un gran valor simbólico, pero no
tiene valor en términos de título de propiedad; no implica un reconocimiento catastral",
explicó a Infobae un importante funcionario del Ejecutivo.
Este certificado será entregado a partir del 8 de junio por
la ANSES a las personas que hayan participado del relevamiento, que funcionará
como un mapa. Sin embargo, desde el 1 de junio se realizará una prueba piloto
en los municipios de Vicente López, Lomas de Zamora y Corrientes capital.
* Hasta diciembre de 2016, se registraron 4.100 villas en
todo el país. Sumadas cubren una superficie de 330 kilómetros
cuadrados, más grande que la ciudad de Buenos Aires.
* Más de la mitad de los asentamientos (2.275) nacieron
antes del 2000, mientras que 749, casi un cuarto del total, son posteriores a
2010.
* De 1.340.272 personas relevadas, el 38% son niños o
jóvenes de hasta 20 años, y el 3% son mayores de 65 años.
* Se realizó un mapeo digital de cada villa. En el Gobierno
reconocieron la dificultad para realizar este trabajo sin la ayuda de las
organizaciones sociales. Cerca de 7.000 relevadores de las ONG recorrieron cada
casa durante casi un año.
* Se denomina "barrio popular" a los barrios donde
viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la
población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos o
más de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica o cloacas.
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