El Gobierno se comprometió ayer a restablecer las pensiones
por invalidez suspendidas en "todos aquellos casos donde se pudo haber
cometido errores" y negó que vaya a aplicar un recorte masivo. Así lo
afirmó la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, al
advertir: "Es una irresponsabilidad tremenda decir que los vamos a dejar
sin pensión, porque no es verdad".
Se continuará revisando las que hayan sido otorgadas con
fines políticos y que no se ajustan a derecho.
Durante los últimos años, especialmente del gobierno
anterior, se repartieron indiscriminadamente pensiones no contributivas hasta
alcanzar un total a nivel país de 1.061.265 personas, número que demuestra lo
adulterado del otorgamiento de estos beneficios. Es el problema de siempre en
este país, la gente que merece tener beneficios legalmente termina perjudicada
por los corruptos políticos de cada momento.
"Venimos de años de mucha entrega indiscriminada y
clientelar de pensiones y nosotros no vamos a convalidar las mafias. Por eso,
hacemos estos cruces administrativos, no políticos, todos los meses para ver
quién merece la pensión", añadió Stanley.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social se había explicado,
además, que el último cruce de bases de datos había identificado que 7000
titulares de ese beneficio habían muerto y que 5600 no tenían el grado de
incapacidad que establece el decreto 432/97, que rige para este beneficio.
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